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Fallan órganos estatales en transparencia; Itaimich es el 13 nacional

Sólo Puebla, Tlaxcala, el Distrito Federal, Durango, Chihuahua y Nuevo León, alcanzaron un puntaje aprobatorio superior al 60%; los peores son San Luis Potosí, Estado de México y Baja California Sur
Sólo Puebla, Tlaxcala, el Distrito Federal, Durango, Chihuahua y Nuevo León, alcanzaron un puntaje aprobatorio superior al 60%; los peores son San Luis Potosí, Estado de México y Baja California Sur

El promedio de desempeño de los institutos en los 31 estados de la República y en el DF es de apenas 53.6%, cuando el 100% implica la máxima garantía de derecho a la información, según el Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información; Michoacán alcanza apenas el 56%

México, D.F., 08 de enero de 2014.- El 81% de los institutos estatales encargados del acceso al derecho a la información no lo garantizan y en cambio, ponen trabas para la entrega de datos, no transparentan los argumentos para negar las solicitudes hechas por ciudadanos o no cuentan con un sistema de procedimientos para el manejo de información.

El promedio de desempeño de los institutos en los 31 estados de la República y en el Distrito Federal es de apenas 53.6%, cuando el 100% implica la máxima garantía de derecho a la información, según el Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI), creado por Article 19 y México Infórmate.

Sólo Puebla, Tlaxcala, el Distrito Federal, Durango, Chihuahua y Nuevo León, alcanzaron un puntaje aprobatorio superior al 60%, pero el resto de las entidades simplemente no garantizan de forma adecuada el derecho de acceso a la información.

En el caso de Michoacán, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Michoacán (ITAIMICH) se ubica en el sitio 13 entre las 32 entidades federativas del país.

De acuerdo con el mencionado Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información, el órgano michoacano supera apenas el promedio de 53.5%, al alcanzar un cumplimiento que se ubica en el 56%.

Según el INOGDAI, San Luis Potosí es la entidad en dónde el órgano garante del derecho de acceso a la información tiene peores prácticas alcanzando una calificación de 20 puntos de 100. Ese instituto omitió entregar información sobre el presupuesto ejercido o resultó común que pidiera pagos o que los datos fueran consultados en sus oficinas pese a que se solicitaron vínculos web.

Otras entidades con malos resultados fueron el Estado de México con 39.2; Baja California Sur con 40.9; y Nayarit y Guanajuato con 46.6.

CALIFICACIÓN POR ESTADO:

Ranking estado Calificación

1 Puebla 70.2

2 Tlaxcala 66.5

3 D.F. 66.1

4 Durango 63.3

5 Chihuahua 62.2

6 Nuevo León 60.9

7 Hidalgo 58.9

8 Oaxaca 58.5

9 Campeche 58.4

10 Coahuila 57.4

11 Tabasco 57.2

12 Sonora 57.1

13 Michoacán 56.0

14 Tamaulipas 55.3

15 Guerrero 55.2

16 Veracruz 54.6

17 Jalisco 54.2

18 Yucatán 54.1

19 Chiapas 53.2

20 Querétaro 52.7

21 Baja California 52.4

22 Colima 52.3

23 Quintana Roo 51.7

24 Zacatecas 51.5

25 Aguascalientes 49.6

26 Morelos 47.3

27 Nayarit 46.6

28 Guanajuato 46.6

29 Sinaloa 46.0

30 BCS 40.9

31 Edo. de México 39.2

32 SLP 20.1

El Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información está conformado por tres categorías que según las organizaciones Article 19 y México Infórmate representan las funciones principales de los institutos estatales: Transparencia y rendición de cuentas, promoción del derecho de acceso a la información y la resolución de controversias.

En Transparencia y Rendición de Cuentas se obtuvo un promedio nacional de 63.3, apenas alcanzando el mínimo aprobatorio.

En este caso, San Luis Potosí tuvo 16 puntos porcentuales, lo que provocó la baja del índice en este rubro. Otras entidades reprobadas fueron Querétaro, Chiapas y Baja California Sur.

Lo que más falló en esta categoría son los mecanismos de divulgación de las sesiones del pleno de cada uno de los institutos estatales, por lo que no se transparenta la información sobre los argumentos de los consejeros en los procesos deliberativos referentes al derecho de acceso a la información.

Otros rubros evaluados en esta categoría es el nivel académico —que de los 120 comisionados o consejeros sólo el 33.33% cuenta con experiencia previa a su designación en la materia— o que sólo en el Distrito Federal y Puebla existe un sistema de quejas con el que se asegure que el ciudadano recibe la atención adecuada.

DERECHO A LA INFORMACIÓN

Según Article 19 y México Infórmate, el derecho de acceso a la información “dota a la ciudadanía de control y certeza respecto a la actuación pública, al mismo tiempo permite acceder al gasto, las acciones, los objetivos y diversas fuentes de información trascendentales para hacer valer diversos derechos universales, hoy adoptados por la Constitución mexicana”; y por eso es tan importante su promoción.

La difusión de ese derecho está en manos de los institutos estatales evaluados en el Índice, que alcanzaron una calificación promedio de 46.5 de 100 puntos posibles.

Los resultados del INOGDAI en esta segunda categoría evaluada muestran que en más de la mitad de las entidades federativas no existen programas educativos para promover el derecho de acceso a la información.

En el tercer rubro evaluado por el índice, la Resolución de Controversias, se obtuvo un promedio nacional de 50.8%, también en un máximo de 100.

Sólo Puebla, Zacatecas, Durango, Campeche y Oaxaca obtuvieron un puntaje aprobatorio, mientras que Guanajuato apenas alcanzó los 22 puntos.

Destaca que en Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala, no existe la obligación de publicar las resoluciones a los recursos de revisión.

La recomendación general que hacen las organizaciones Article 19 y México Infórmate es que los institutos asuman su responsabilidad de garantizar el derecho al acceso a la información. Sugieren también que se concentren en promocionar el derecho para que en la práctica no esté sectorizado a un pequeño grupo de la población y que cuenten con bases de datos para dar seguimiento a los recursos de revisión.

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