Van sancionados 105 ex funcionarios de Leonel Godoy

El titular de la Coordinación de Contraloría del Estado de Michoacán, Roberto Coria, informó que por diversas irregularidades los ex servidores públicos han sido despedidos o inhabilitados; las inhabilitaciones para ocupar cargos públicos van desde uno hasta seis años

Morelia, Mich., 19 de septiembre de 2013.- Sin que haya concluido aún la revisión de la Coordinación de Contraloría del Estado de Michoacán al último año del gobierno del perredista Leonel Godoy Rangel, ya se han confirmado irregularidades que han derivado en inhabilitaciones y/o destituciones de 105 ex servidores públicos.

Así lo afirmó el titular de la dependencia estatal, Roberto Coria Villafuerte, quien indicó que los sancionados van desde secretarios hasta jefes de área, de acuerdo con interesante reportaje de la periodista Rosa María Sánchez Rincón publicado en El Sol de Morelia.

El funcionario estatal prefirió no mencionar nombres de sancionados, pero detalló algunos de los casos de irregularidades detectadas, como los siguientes:

• Sin embargo, sí detalló casos de obras como una línea de inducción de agua potable en Indaparapeo, a cargo de la Comisión Estatal de Aguas y Cuencas, con un valor superior a los 2.5 millones de pesos, fue pagada y no ejecutada.

• La planta de tratamiento de aguas residuales proyectada para Nuevo Parangaricutiro, con un presupuesto autorizado de 8.4 millones de pesos, a la que se le cubrió el anticipo y está abandonada desde el 2011.

• El camino de Campo Hermoso-Senguio, en el municipio de Maravatío, otra obra pagada y no ejecutada, a la que se destinaron 10 millones de pesos a través de la Junta Local de Caminos.

Como éstas, hay identificadas 15 obras en las que hay pagos de por medio, pero que no fueron llevadas a cabo, «en algunos casos se entregaron los anticipos y no hay la obra, en otros casos sí existen contratos pero el anticipo no fue entregado, por lo que el contratista cuenta con su instrumento legal, pero al no recibir el anticipo no la ejecutaron». Son proyectos de hospitales, agua potable, alcantarillado, drenaje, caminos y plantas de tratamiento de aguas residuales.

En total, la Coordinación de Contraloría ha revisado 263 proyectos que representan una inversión superior a los 3 mil millones de pesos, y de ellas, hay entre 50 y 70, con un valor aproximado de 500 millones de pesos, tienen observaciones y están en proceso de aclaración.

Las obras cuestionadas estaban bajo la responsabilidad de 11 distintas dependencias, entre ellas la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), la Junta Local de Caminos, la Agencia Estatal de Atracción de Inversiones, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDRU), la Coordinación de Planeación para el Desarrollo (CPLADE) y la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), por citar algunas.

Hay, además, otras obras que también están en tela de juicio y que fueron ejecutadas conjuntamente con los municipios a través del Programa de Obra Convenida; en estas circunstancias se encuentran 50 ayuntamientos michoacanos.

Coria Villafuerte definió que la instancia a su cargo encontró inconsistencias en el manejo de recursos derivados de programas federales, como es el APAZU (Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas), y el Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (Prossapys); en estos casos, la información se canalizó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal.

Además, a esa serie de irregularidades se suma la denuncia presentada por al menos tres dependencias estatales que acusan daño en su patrimonio.

SOBRE LAS DESTITUCIONES

Cuestionado sobre el resultado de las verificaciones realizadas, el contralor reveló que la actual administración recibió 975 procedimientos en contra de servidores públicos (algunos de ellos incluso siguen en funciones en el actual gobierno).

De ellos, «683 casos ya han sido resueltos», es decir, ya tienen resolución definitiva, en tanto que 105 ex servidores públicos fueron sancionados con inhabilitaciones y hasta destituciones del cargo; los castigos van de uno a tres años, y en los casos más graves, hasta los seis años.

Las irregularidades encontradas «son por obras, por no contar con documentación comprobatoria, no haber observado la norma, o no haber comprobado fondos revolventes».

El entrevistado refirió otro caso recientemente denunciado y derivado de la auditoría que se está ejecutando en la Secretaría de Seguridad Pública, la cual tiene un avance del 70 por ciento, «hay observaciones por falta de documentación comprobatoria, falta de firmas, incluso por extravío de documentación comprobatoria, que implica poco más de 18 millones de pesos»; en esta dependencia había además personas que ya habían fallecido y que seguían «cobrando» como elementos activos. La revisión concluirá entre el 30 de septiembre y el 15 de octubre.

RECURSOS FEDERALES

Roberto Coria hizo referencia también a la aplicación (o la falta de) de recursos de la Cuenta Pública de 2011, mismos que fueron verificados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por tratarse de recursos federales, «hablamos de al menos 25 pliegos de observaciones, lo que quiere decir que los exservidores cuentan con plazos legales para aportar pruebas y explicar qué pasó, y en este universo se habla de mil 400 millones de pesos en proceso de revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación».

Señaló que en los casos en los que hay responsabilidad administrativa, la ASF solicita el apoyo a la Contraloría para que investigue a los responsables y los sancione; en este rubro, la Contraloría ha recibido 60 peticiones (todas del 2011) para revisión, y están por procesarse al área de responsabilidades 50 casos que sí tienen sustento para proceder a la sanción.