Aborda CEDH el tema de las guardias comunitarias
El ombudsman, José María Cázares, señaló que el fenómeno tiene profundas raíces históricas y culturales que tienen que encontrar su cauce con los marcos legales
Morelia, Mich., 27 de junio de 2013.- Conocer las generalidades, antecedentes y desafíos de las guardias comunitarias fue el tema del panel organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en el que participaron especialistas en la materia.
El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano, señaló que las guardias comunitarias son un fenómeno que, aunque pareciera reciente, tiene profundas raíces históricas y culturales, que tienen que convivir y encontrar su cauce con los marcos jurídicos internacionales, constitucionales y legales.
Planteó que, sin perjudicar el Estado de Derecho, se transite hacia el reconocimiento de un pluralismo jurídico y social que ya existe, y que mediante mecanismos democráticos constitucionales se llegue a un estado armónico colectivo.
La primera aportación en el panel corrió a cargo de la Dra. Gloria Ramírez Hernández, coordinadora de la cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien definió a las policías comunitarias como un tipo de gestión y un diseño organizacional basado en la noción de que juntos policías y comunidad son más eficaces para enfrentar las causas de la delincuencia; así como para revertir la percepción de inseguridad.
Puntualizó que su contexto de surgimiento fue la situación extrema de inseguridad y hartazgo la comunidad, lo que orilló a la población a organizarse, establecer rondines de vigilancia hasta convertirse, en ciertos casos, en movimientos de resistencia. La especialista asentó que esta situación ha llegado a la discusión del reconocimiento legal de un Sistema Integral de Justicia apegado a los usos y costumbres de las comunidades indígenas donde surgieron las guardias comunitarias.
Florencia Mercado Vivanco, doctorante en Ciencias Antropológicas y quien ha trabajado directamente con las guardias comunitarias y con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias surgida en el estado de Guerrero, estableció que gracias al establecimiento éstos grupos disminuyó en un 95% los niveles de inseguridad en esa entidad.
Detalló que la organización que se ha logrado en la comunidad destaca la integración de un sistema integral de justicia que tiene como base la conciliación antes que el castigo, la reeducación de los infractores y la discusión del derecho y qué son los derechos humanos, además de que exista una regulación de las policías comunitarias.
Orlando Aragón Andrade, coordinador del los Programas de Maestría en Derecho de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, precisó que las policías comunitarias, a quienes también se les ha denominado rondas comunitarias o autodefensas comunitarias surgen ante una deficiencia estructural del estado y una situación de violencia generalizada en la que la sociedad civil ha tenido que organizarse para hacer frente al crimen.
Dijo que en algunas comunidades indígenas la autodefensa es una práctica que se ha realizado desde antaño, mientras en otras sí es una situación novedosa; todo ello ha puesto en discusión temas como los derechos humanos, la organización comunitaria y la impartición de justicia.
Asentó que el municipio de Cherán ha sido punta de lanza en organización de autodefensa y da muestras de cómo salir de la crisis de inseguridad y violencia más cruda que se ha tenido en los últimos tiempos, señalando así que las comunidades indígenas han demostrado por donde se puede transitar hacia un estado más seguro.
El diputado local, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, José Eleazar Aparicio Tercero justificó la existencia de guardias comunitarias al señalar que al ver vulnerada su dignidad humana, las comunidades buscan la manera de protegerse de la inseguridad y se pronunció para que exista un marco legal que reconozca su existencia.
La actividad contó con la asistencia del diputado local, Marco Polo Aguirre; del delegado de la Secretaría de Gobernación, Rogelio Caballero Meráz; del magistrado del Tribunal Electoral de Michoacán, Fernando González Cendeja; y Ricardo Díaz Ferreyra, director de la Unidad de Derechos Humanos del Gobierno del Estado.
Participaron también los presidentes municipales de Cotija y Peribán, Alberto Contreras Mendoza y Salvador Ávalos Martínez, respectivamente; así como representantes de las alcaldías de Uruapan, Maravatío, Ocampo, Tingambato, Parácuaro, Ziracuaretiro, Zamora, Madero, Quiroga, Zacapu, Gabriel Zamora, Tzintzuntzan; así como del Consejo Mayor de Cherán.
