Acusan a ONG’s de fabricar pruebas contra el Ejército

Tras el anuncio de la liberación de 4 de los 7 militares acusados por el caso Tlatlaya, su abogado expuso que las personas que «fabricaron» las pruebas pertenecen a organizaciones no gubernamentales, «a dizque defensores de las víctimas pero que más que hacerlo, persiguen a los soldados porque ahora ese es el deporte de moda y muy popular”

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México, D.F., 06 de octubre de 2015.-El abogado Juan Velázquez, que ha asesorado al equipo que representa a los siete militares detenidos por su presunta participación en la ejecución de ocho de las 22 personas en una bodega de Tlatlaya, asegura que las pruebas fueron fabricadas por supuestos defensores de derechos humanos.

Por tal motivo, dijo el abogado, están por salir cuatro de los siete militares y los otros tres podrían correr la misma suerte en corto tiempo.

El miércoles pasado, un Tribunal Unitario de Circuito ordenó la liberación de cuatro de los siete militares procesados por su presunta participación en ocho de las 22 personas asesinadas en una bodega del municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

A este respecto, el abogado Juan Velázquez explicó que «originalmente la Procuraduría General de la República (PGR) consignó a ocho militares por el caso Tlatlaya. Cuatro veces, el juez al que se le consignó el asunto, negó las órdenes de aprehensión que la procuraduría solicitaba. A final de cuentas, la PGR insistió, instigada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en una quinta ocasión libró orden de aprehensión contra ocho militares.»

Los uniformados fueron detenidos por la autoridad militar y «los puso a disposición del juez federal, del fuero civil y a uno de ellos, el juez lo puso en libertad, no obstante la orden de aprehensión porque había sido herido y se había quedado afuera de la bodega.»

Entrevistado en el noticiero de Joaquín López Dóriga, el abogado prosiguió narrando que los siete que continuaron presos apelaron la formal prisión ante un Tribunal Unitario de Circuito, el cual «el miércoles revocó la formal prisión y le ordenó a un juez de primera instancia federal que resolviera la situación en el término constitucional de 72 horas», que se cumplieron el viernes pasado.

De tal manera, el viernes pasado el juez federal determinó la libertad de cuatro de los siete militares «porque no encontró una sola prueba de su responsabilidad penal en esa supuesta ejecución.» Con lo cual los uniformados quedaron libres «en el fuero civil, no obstante siguen enjuiciados en el fuero militar por delitos militares, pero que permiten libertad bajo caución.»

Ante tales determinaciones, Juan Velázquez sentenció: «En el fuero civil ya están en libertad y en el fuero militar, en un ratito lo estarán. Están detenidos todavía en la cárcel militar…».

Aclaró que sólo quedan tres militares vinculados a la ejecución «para que ahora sí se les enjuicie y se les dicte una sentencia ya sea absolutoria o condenantoria.»

El abogado se cuestionó «qué clase de acusación será que un juez, un magistrado, y ahora un juez federal, ni siquiera encontraron pruebas para enjuiciar a cuatro de los siete militares. Y las pruebas para enjuiciar a los tres restantes, estoy absolutamente cierto en que acabarán en nada, porque todas las pruebas de cargo son absolutamente contradictorias.»

Citó que las declaraciones son los dichos «de tres mujeres que no sólo se han contradicho entre ellas, sino ellas mismas a su vez» y que fueron «fabricadas» por «gente que está atrás de estas mujeres que alentó un reportaje, una entrevista, tres meses después de sucedidos los hechos y que tienen el propósito (…) de incriminar a la mala a estos soldados.»

Expuso que las personas que «fabricaron» las pruebas pertenecen a organizaciones no gubernamentales, «a dizque defensores de las víctimas pero que más que hacerlo, persiguen a los soldados porque ahora ese es el deporte de moda y muy popular. Acusar a los soldados de todo lo que sucede en el país.»

Sobre su participación en la defensa de los militares, aclaró que Juan Velázquez que ha asesorado «y por ese motivo conozco bien el caso.»

Ante todo lo anterior expuso: «Esta historia de que los militares entraron a la bodega a ejecutar a los civiles es una verdadera mentira que se está comenzando a caer a pedazos.»

Referente a los 22 sujetos asesinados en la bodega de Tlatlaya, el abogado expuso que todos resultaron positivos al consumo de alcohol y drogas, que pertenecían a bandas de extorsionadores y secuestradores, aunque «eso por ningún motivo habría justificado una ejecución.» (CON INFORMACIÓN DE: RADIO FÓRMULA).