Tribunal de Justicia Administrativa resuelve cinco demandas
El pleno resolvió cinco proyectos de demanda de las que se dictaron sentencias formales, la mayoría se resolvió a favor de los particulares, a excepción de una apelación en la que se acusaba de actos de corrupción a un funcionario municipal, pero donde no se encontraron pruebas suficientes para sostener tal acusación
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Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2018.- Con la realización de una sesión ordinaria jurisdiccional en la Universidad Don Vasco, de la ciudad de Uruapan, los magistrados miembros del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Michoacán ofrecieron una muestra de las acciones que realizan para sancionar y prevenir actos de abuso de autoridad o corrupción.
Parte del público la constituyeron los alumnos de la Facultad de Derecho, de la misma casa educativa, además de abogados, personal del ayuntamiento y público en general. Ante ellos el magistrado presidente del TJAM, Arturo Bucio Ibarra, a manera de introducción expuso que el Tribunal es autónomo completamente, no está vinculado a otro órgano, el Poder Legislativo sólo interviene para nombrar a los magistrados y para designar anualmente un presupuesto operativo.
“Como tribunal podemos revisar asuntos relacionados con abuso en cobros de impuestos como servicio de agua potable, predial, derechos o aprovechamientos que ofrecen los municipios o dependencias del Gobierno del Estado”, explicó el magistrado.
El desarrollo de la sesión se hizo con la presencia de la magistrada Griselda Lagunas Vázquez, y los magistrados, Sergio Mecino Morales, Rafael Rosales Coria y Carlos Paulo Gallardo Balderas. Además de la participación del secretario general del TJAM, Jorge Luis Arroyo Morales.
El pleno resolvió cinco proyectos de demanda de las que se dictaron sentencias formales, la mayoría se resolvió a favor de los particulares, a excepción de una apelación en la que se acusaba de actos de corrupción a un funcionario municipal, pero donde no se encontraron pruebas suficientes para sostener tal acusación.
Después de la sesión el magistrado Arturo Bucio Ibarra explicó ante los medios de comunicación cómo el Tribunal tiene facultades para sancionar conductas grabes de funcionarios públicos o particulares que tienen relación con entidades de gobierno, y a través de las salas de combate a la corrupción, puede sancionar faltas que cometan particulares, como proveedores, que en contubernio con autoridades alteren u ofrezcan un servicio irregular.
Desde el Tribunal se pueden imponer sanciones administrativas que van desde una amonestación, multas, hasta la suspensión de un funcionario público, así como sanciones y ceses de padrón de proveedores a particulares”, explicó el magistrado presidente.
Esta sesión ordinaria jurisdiccional se desarrolló gracias a la participación decidida de la directora de la facultad de derecho, Livia Eugenia Moreno Teytud, y del rector de la Universidad don Vasco, Rafael Anaya Gonzáles, además de la comunidad estudiantil que participó en el evento.
