Será obligatoria declaración de intereses en el Ayuntamiento de Morelia

Con esta acción en aras de la transparencia en los servidores públicos, el gobierno municipal se convierte en uno de los primeros municipios en aplicar como ley la declaración de conflicto de intereses

–

Morelia, Michoacán, 11 de mayo de 2016.- Con el objetivo de establecer medidas que promuevan la transparencia y el combate a la corrupción, el Ayuntamiento de Morelia que encabeza el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, tiene listo el dictamen por el cual se vuelve obligatorio para los funcionarios del Gobierno Municipal la presentación de la declaración de intereses, dentro de la iniciativa 3 de 3.

Bajo este esquema, el Contralor, José Benadad Orozco Toledo, indicó que esta acción es un mecanismo institucional que transparenta los intereses de quienes toman decisiones sobre el ejercicio presupuestal municipal, procurando un comportamiento apegado a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, eficiencia y lealtad en el desempeño de su empleo, cargo o comisión al interior de esta municipalidad.

Aseguró que para lograr hacer historia como uno de los primeros municipios en volver obligatoria la declaración de conflicto de intereses, es necesaria la aprobación del Honorable Cabildo, por lo que en próximos días, se darán a conocer las características de esta medida que sin duda contribuye al tema de transparencia y rendición de cuentas.

Explicó que esta ley se aplicará a funcionarios de primer y medio nivel, así como para aquellos servidores públicos que participan en el Comité de Obra Pública, Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles de este Ayuntamiento de Morelia.

Finalmente, dijo, que con ello se pretende prevenir la existencia de conflicto de interés, definido éste como un conflicto entre el deber público y los intereses privados (personales, familiares o de negocios), de un servidor público y de un particular, cuando éstos tienen, a título particular, intereses que podrían influir indebidamente en el ejercicio de sus empleos, cargos o comisiones en el servicio público.