Advierte Antonio García interés federal por privatizar agua potable

En el marco de la elaboración de la nueva Ley General de Aguas hay dos posturas encontradas en la Cámara de Diputados, la de hacer que el Estado garantice el suministro de agua potable y la de concesionar esa responsabilidad del gobierno a particulares, señaló el diputado federal del PRD

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Morelia, Michoacán, 25 de junio de 2014.- Existe el interés del gobierno federal y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por privatizar el suministro de agua potable en el país, advirtió el secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, Antonio García Conejo.

Al respecto, el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que desde un año se trabaja en la elaboración de una nueva Ley General de Aguas, misma que se ha frenado por la existencia de dos posturas encontradas en lo que se refiere al agua potable.

Antonio García indicó que la postura que defiende el sol azteca y otros partidos políticos es la de hacer que sea el Estado el que garantice el cumplimiento del derecho constitucional al agua potable, como se prevé en el artículo 4 de la Constitución General de la República.

Sin embargo, en las propuestas planteadas por el gobierno federal y el grupo parlamentario del PRI existe más bien una tendencia a concesionar el servicio del suministro de agua potable a particulares, lo que afectaría sobre todo a los sectores más vulnerables de la población, ya que el derecho constitucional recibiría tratamiento de negocio particular, en el que se buscan el lucro y ganancias económicas para los concesionarios.

García Conejo indicó que actualmente se instaló una Comisión Técnica que busca encontrar puntos de coincidencia entre ambas posturas, con la intención de que en el próximo periodo ordinario de sesiones, a partir del mes de septiembre, pudiera elaborarse el dictamen correspondiente para modernizar la Ley General de Aguas.

El diputado federal del PRD adelantó que su postura es a favor de que se cumpla en los términos previstos el artículo 4 constitucional y que el suministro del agua potable sea solamente responsabilidad del Estado, aunque reconoció que hasta el momento ello no se ha cumplido por la insuficiencia de recursos económicos en los tres niveles de gobierno.