Ahora sí recibirán castigo delincuentes de cuello blanco: Eduardo Orihuela
Destaca el diputado del PRI la reciente aprobación del nuevo Código Penal de Michoacán, que castiga el delito de peculado con entre 2 y 12 años de cárcel, sin derecho a fianza, y multas de entre 200 y 1 mil 500 días de salario mínimo a quienes siendo funcionarios públicos incurran en actos de corrupción
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Morelia, Michoacán, 04 de diciembre de 2014.- El diputado local Eduardo Orihuela Estefan aseguró que con la aprobación del nuevo Código Penal del Estado de Michoacán, sobre todo en el apartado de peculado, se harán valer los reclamos y demandas de la sociedad michoacana, de castigar a los delincuentes de cuello blanco, que se les castigue con sanciones ejemplares, con procesos más claros y transparentes.
El legislador integrante de la comisión de Justicia resaltó que uno de los temas que interesa al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, es precisamente el incremento de las sanciones y penas para quienes cometan el delito de peculado.
Aseguró que los legisladores del PRI están a favor de que se impongan sanciones ejemplares, dada la crisis real en que se encuentran las finanzas públicas, lo cual se presume tienen que ver con acciones ilegales cometidas por servidores públicos en anteriores administraciones.
Sin embargo, el legislador dijo que en este nuevo Código Penal se buscó garantizar los derechos humanos de las personas, y no ir a un escenario más allá de los que los códigos internacionales y la propia dinámica legal establecen.
El legislador anotó que con el nuevo Sistema de Justicia Penal, el castigo a los servidores públicos que cometan el delito de peculado está garantizado, con lo que se erradicará la corrupción y la impunidad.
Cabe resaltar que en el nuevo Código Penal de Michoacán, aprobado el martes por la 72 Legislatura, se estableció que el delito de peculado ya no alcanzará la libertad bajo fianza, además de que se impondrá de dos a doce años de prisión y de 200 a mil 500 días multa a quienes siendo servidores públicos dispongan o distraigan de su objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa recibida con motivo de su cargo, o bien, utilice fondos públicos para promover la imagen política o social de su persona, de su superior jerárquico o de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.
