Alcalde de Múgica será citado a comparecer, acuerdan diputados
La Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de Michoacán pedirán a Salvador Ruiz que explique su violación al artículo 96 de la Constitución Política de Michoacán y su omisión a responder la recomendación de la CEDH por el desalojo de una manifestación de 19 mujeres en la Presidencia Municipal
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Morelia, Michoacán, 13 de septiembre de 2017.- La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, determinó en reunión de trabajo presentar ante el Pleno el proyecto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los integrantes del Ayuntamiento de Múgica: presidente municipal, síndico y regidores, a efecto de que expliquen el porqué de su violación al artículo 96 de la Constitución de Michoacán, concerniente a la omisión en la respuesta de la recomendación 19/2017 remitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Los Diputados Nallely Pedraza, Andrea Villanueva y Raymundo Arreola; Presidente e integrantes respectivamente, manifestaron que las violaciones a los derechos humanos en Michoacán, no deben quedar impunes, y en mayor medida cuando los infractores se traten de servidores públicos, quienes deben ser los que velen por el bienestar de su población.
Lo anterior en relación a que Salvador Ruiz Ruiz, edil de Múgica ordenó el desalojo de la Presidencia con elementos de seguridad pública, derivado de una manifestación llevada a cabo por 19 mujeres, hecho que fue atraído por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ante la negativa de los integrantes del cabildo por atender las diversas comunicaciones remitidas por este órgano, su Presidente Víctor Manuel Serrato Lozano, solicitó la intervención del Poder Legislativo, para citar a los involucrados con el objetivo de que expliquen las razones de sus violaciones a la Constitución del Estado.
Nallely Pedraza, reiteró que es importante dar certeza a la ciudadanía de que las violaciones a los Derechos Humanos en el estado si se castigan, además de subrayar que la Comisión que encabeza es garante de los derechos fundamentales, entre estos el derecho a la protesta, a la seguridad jurídica y de petición.
El diputado Raymundo Arreola puntualizó que este es un caso inédito en el estado y el segundo a nivel nacional, por lo que la LXXIII Legislatura deberá sentar un precedente respecto al seguimiento y castigo de los hechos.
Por su parte, Andrea Villanueva, señaló la urgencia con la que este tipo de situaciones deben atenderse, e invitó a los legisladores a aprobar dicho acuerdo.
