Aprueban en comisiones Ley de Justicia Alternativa para Michoacán
Las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública del Congreso del Estado también aprobaron el dictamen que contiene la Ley de Defensoría Pública de Michoacán; el objetivo de ambos dictámenes es facilitar la implementación del nuevo sistema de justicia penal
Morelia, Mich., 10 de septiembre de 2013.- Con el objetivo sacar adelante las reformas que se requieren para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, los diputados de las comisiones unidas de Justicia y Seguridad Pública, aprobaron los dictamen que contienen la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa, y la Ley de Defensoría Pública de Michoacán.
Los diputados integrantes de las comisiones unidas Selene Vázquez Alatorre, Cristina Portillo Ayala. José Sebastián Blanco Naranjo, Marco Polo Aguirre Chávez y César Morales Gaytan, aprobaron el dictamen que será presentado al Pleno para primera lectura, el cual, permitirá resolver diferencias legales de manera voluntaria sin necesidad de recurrir al proceso jurisdiccional en materia civil, familiar, mercantil y penal, disminuyendo así el número de casos que conocen los juzgados y salas de justicia.
La iniciativa establece los alternos al proceso jurisdiccional para solucionar conflictos y controversias de índole civil, familiar, mercantil, penal, justicia integral para adolescentes y justicia comunal, al que podrán recurrir voluntariamente las partes involucradas para buscar una solución concertada que ponga fin a su controversia.
Asimismo, se plantea la creación de un centro estatal de justicia alternativa como un órgano dependiente del Consejo del Poder Judicial, que tendrá como principal función proporcionar los servicios de mecanismos alternativos y procesos de justicia restaurativa para la solución de controversias y conflictos de manera gratuita.
En otro punto, los legisladores concluyeron también el análisis del dictamen que contiene la Ley de Defensoría Pública, que será presentado al Pleno para segunda lectura.
El objetivo de esta ley es asegurar el derecho fundamental de acceso a la justicia garantizado por el Estado, a través de la asesoría y defensa técnica, ética y competente.
El dictamen propone la creación de un Instituto de la Defensoría Pública, que será un órgano descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Asimismo, éste tendrá como órganos de gobiernos y administrativos a la Junta de Gobierno, al Consejo Consultivo, la Dirección General, la Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica, la Subdirección de Investigación y Capacitación, al Subdirección Administrativa y la Unidad de Control Administrativo.
El Instituto, será la instancia estatal encargada de proporcionar asesoría en materia penal, civil, familiar y mercantil, para garantizar el acceso a la defensa jurídica de todos los ciudadanos.
