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Celebra PRD constitucionalidad de la Ley 3 de 3 contra la violencia

Ley 3 de 3 suspende derechos a quienes ejerzan violencia contra mujeres o sean deudores alimentarios

Morelia, Michoacán, 24 de mayo de 2023.- Las y los  integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) celebraron la constitucionalidad de la Ley 3 de 3 contra la violencia, que suspende los derechos a ocupar un cargo público o ser postulados para cargos de elección popular a quien haya ejercido violencia en contra de las mujeres y/o sea deudor alimentario. ¡Lo hemos logrado!

Este día la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la constitucionalidad de la Reforma conocida  como “3 de 3” contra la violencia, por lo que será remitida para su publicación al Diario Oficial de la Federación (DOF).

Verónica Socorro Naranjo Vargas, secretaria de Agendas de Igualdad de Géneros, Diversidad Sexual y Derechos Humanos del PRD, hizo un reconocimiento a los colectivos feministas así como de las legisladoras federales del PRD por impulsar esta Ley, que además representa el espíritu feminista que ha promovido el PRD  desde su fundación.

Asimismo, la lideresa del PRD se congratuló de que esta Ley será parte de la  normativa que habrá de regir el próximo  proceso electoral 2023-2024,  “esto representa un enorme avance para garantizar  que las mujeres vivan en contextos libres de violencia”, dijo.

Verónica Naranjo  profundizó que con esta reforma a los artículos 38 y 102 de  la Constitución Política y que ahora es Ley,  contempla la suspensión de derechos políticos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, o poder ser postulado para ocupar cargos de elección popular a quienes se les acredite ser deudores alimentarios (pensión alimenticia),  acosadores sexuales o agresores familiares.

Para concluir, destacó  la importancia de la Ley 3 de 3 ya que, – resaltó-, es una  modificación transversal que aborda los tres órdenes de gobierno y las distintas instancias del poder público, el  Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así garantizamos que en ningún orden de gobierno podrá ocupar un espacio una persona deudora alimenticia o agresora.

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