Política

Combate a trata de personas debe ser prioridad nacional: Antonio Soto

El gobierno federal debe generar protocolos, modelos y normas oficiales específicas para detectar y atender a niños y adolescentes víctimas de trata de personas, señaló el diputado del PRD

Morelia, Michoacán, 30 de julio de 2019.- En la agenda nacional de nuestro país debe ser una prioridad el impulso de acciones concretas para prevenir y combatir la trata de personas en todas sus modalidades, subrayó el diputado integrante de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez.

El legislador integrante del Grupo Parlamentario del PRD, coincidió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre que el gobierno federal debe generar protocolos, modelos y normas oficiales específicas para detectar y atender a niños y adolescentes víctimas de trata de personas.

Resaltó que este 30 de julio Día Mundial contra la Trata de Personas, se debe refrendar el compromiso para combatir y prevenir este fenómeno; «y con hechos se debe demostrar el compromiso del gobierno federal». 

Antonio Soto señaló que ante la gravedad que representa la trata de personas, es necesario fortalecer las políticas públicas encaminadas a combatirla y prevenirla, destinando mayores recursos a las áreas encargadas de atender este tema que lastima a nuestro país y a la sociedad en su conjunto.

Recordó que a nivel mundial se ha determinado que el fenómeno de la trata de personas es uno de los tres negocios más rentables del crimen organizado después del tráfico de armas y del narcotráfico, por lo que debe ser una prioridad combatirlo y erradicarlo.

La trata de personas es un tema importante de seguridad nacional e internacional e incluso de salud pública, y refirió que son en su mayoría mujeres, niñas, niños y adolescentes, las principales víctimas.

Hizo mención que existen protocolos internacionales que instan a los países a crear mecanismos para prevenir, legislar internamente y capacitar a sus funcionarios para aplicar y ejecutar la normativa de manera que se logre prevenir y combatir, tareas en donde nuestro país no ha logrado avanzar de manera significativa, ya que México está catalogado como fuente, tránsito y destino para la trata de personas, para los propósitos de la explotación sexual comercial y del trabajo forzado.

Además de que organismos internacionales advierten que la trata de personas se ha incrementado debido a los evidentes obstáculos económicos internacionales, en especial los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, lo que obliga a situaciones tales como el desempleo, así como las limitadas posibilidades de acceso a los servicios de salud y educación, empujando a las personas a tomar decisiones equivocadas.

Según Informe Anual sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, anualmente entre 600 mil y 800 mil personas cruzan las fronteras internacionales como víctimas de trata; y el 80 por ciento son mujeres y niñas y el 50 por ciento son menores de edad.

La Organización Internacional del Trabajo estima que personas sometidas a trabajos forzados como consecuencia de la trata de personas, que se estima en aproximadamente 2 millones 400 mil personas, de las que el 56 por ciento son mujeres y niñas y el resto son hombres y niños; en el caso de trata con fines sexuales, el 98 por ciento es ocupado por mujeres y niñas.

En tanto, la Organización Internacional para las Migraciones considera que, anualmente un millón de hombres, mujeres, niños y niñas son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a condiciones semejantes a la esclavitud bajo distintas formas y en diversos rubros como lo son la construcción, maquila, agricultura, servicio doméstico, prostitución, pornografía, turismo sexual, matrimonios serviles, niños soldados, tráfico de órganos, venta de niños, entre otros, siendo las mujeres, las niñas y los niños el sector más vulnerable.

Si bien en nuestro país se tienen herramientas jurídicas para prevenir y combatir la trata de personas, con herramientas en las que se establece que se brinde especial atención a las mujeres, las niñas y los niños, así como proteger y ayudar a las víctimas de trata, respetando plenamente sus derechos humanos y promover la cooperación entre las entidades, las cifras evidencian que el problema no se ha atendido de fondo ni de manera integral, por lo que es necesario que se fortalezcan las políticas públicas y se emprendan acciones concretas desde la federación con apoyo de estados y municipios, finalizó el diputado local.

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