Congreso de Michoacán exhorta a garantizar derechos a personas con discapacidad

Morelia, Michoacán, 24 de junio de 2020. Para garantizar una atención integral y los derechos de las personas con discapacidad durante esta crisis sanitaria por el Covid-19, el diputado Ángel Custodio Virrueta García, presentó un punto de acuerdo por el cual se exhorta al Gobierno Federal, Estatal y Ayuntamientos, a implementar acciones inmediatas en beneficio de este sector, el cual fue aprobado por el Pleno de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado.

Durante la sesión virtual celebrada este miércoles, se aprobó exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que se observe el contenido de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, e incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para la implementación y ejecución de las políticas públicas que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.

“Todos debemos cerrar filas por la promoción y protección de los derechos humanos de personas con discapacidad y su plena inclusión en la sociedad para que puedan desarrollarse en condiciones de igualdad y dignidad, lo cual debe realizarse mediante una serie de acciones transversales para que se respete su derecho al trabajo, educación, a la salud, así como el garantizar la accesibilidad física, de información y comunicaciones para personas con discapacidades sensoriales, mentales o intelectuales en esta pandemia del Covid-19”.

Así también el solicitar a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, para que a través de sus dependencias no se les deje de otorgar la atención médica especializada durante esta pandemia, así como las terapias que ya se les venían dando, mismas que son fundamentales para el bienestar de las personas con discapacidad y los adultos mayores.

De la misma forma, los integrantes de la LXXIV Legislatura Local, aprobaron la propuesta de Ángel Custodio Virrueta la cual también incluye exhortar a los tres Poderes del Estado, gobiernos municipales, sus organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos autónomos para que den cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado, el cual señala que es obligación garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, teniendo la obligación de contratar, como mínimo el 3% de la planta laboral correspondiente a personas con discapacidad.