Definitivo, no va PRD al Acuerdo por Michoacán

Por unanimidad, el Consejo Estatal del sol azteca mandató a su dirigencia a no participar; argumentan liderazgos perredistas que no existen compromisos reales del gobierno federal ni se incluyen las propuestas de la izquierda, además de que sólo se busca legitimar al gobierno estatal

Morelia, Mich., 08 de septiembre de 2013.- En acuerdo unánime del Consejo Estatal Extraordinario,  el Partido de la Revolución Democrática  no participará ni suscribirá  el llamado Acuerdo por Michoacán, toda vez que no incluye las propuestas de la izquierda y  se trata de un documento de corto alcance, sin metas y fechas claras de realización y sin una agenda concreta de acciones a desarrollar en beneficio de las y los michoacanos.

En el seno del Consejo Estatal del PRD, máximo órgano de gobierno del partido, los  senadores de la República, diputados locales y federales, los alcaldes y el secretariado estatal del sol azteca   optaron por no sumarse a un Acuerdo suscrito por un gobierno estatal endeble en su estabilidad política, incluso al interior de su propio partido y frágil en términos de la permanencia en su encargo, y que sólo pretende legitimarse ante la sociedad, debido a la falta de acciones y respuestas a las demandas de los michoacanos.

El Consejo Estatal del PRD lamentó que a pesar de la situación de emergencia que vive Michoacán, la cual  demanda que los diversos actores del estado firmen una agenda puntual, la federación y el gobierno estatal hayan optado por un Acuerdo que se desdibujara en lo superficial de su alcance.

A continuación, el texto íntegro de la decisión suscrita por todos los consejeros estatales del PRD:

Pronunciamiento del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en relación al Acuerdo por Michoacán

El pasado 29 de agosto, el Gobierno del Estado y la representación de diferentes partidos políticos, así como de organismos civiles y agrupaciones de la sociedad y los Poderes del Estado; han suscrito y firmado un documento denominado “Acuerdo por Michoacán”; mismo que no fue firmado por la representación de nuestro partido dado que no contempla e incluso algunos de sus enunciados, va en contra de nuestro programa político.

Más allá de la deficiente operación política que evidenció el gobierno priista al pretender sorprender a la dirigencia de nuestro partido con el montaje de un acto de simulación política en la firma de un documento remitido de manera incompleta a nuestros dirigentes, cuatro horas antes del acto faraónico y bajo la urgencia de ser presentado como un logro del gobierno de Peña Nieto, el llamado Acuerdo por Michoacán adolece de los elementos básicos de todo compromiso político, porque:

1.            Es omisa la participación del Gobierno Federal en la firma del propio acuerdo, a pesar de que fue esta instancia quien lo promovió, y en temas torales como el direccionamiento de recursos públicos al estado y la entrega de resultados inmediatos y tangibles en materia de seguridad pública.

2.            La mayor parte de las propuestas presentadas por nuestro partido, sus legisladores y sus alcaldes, no fueron consideradas como prioritarias y excluyen las visiones progresistas y de izquierda.

3.            No establece plazos, mecanismos, instancias ni organismos de control y evaluación de los puntos pactados.

4.            La situación de emergencia que vive Michoacán demanda que los diversos actores del estado firmen una agenda puntual y no un Acuerdo que se desdibujara en lo superficial de su alcance.

5.            El documento fue suscrito por un Ejecutivo del Estado endeble en su estabilidad política, incluso al interior de su propio partido y frágil en términos de la permanencia en su encargo.

6.            El documento señalado constituye un simple listado de enunciados, que mayoritariamente son funciones que le corresponde al Poder Ejecutivo, por lo que resulta un sinsentido suscribir algo que por ley obliga al gobierno a cumplir.

7.            Las acciones acordadas en el documento parecen declaraciones propagandísticas que no van al fondo de los temas o bien se encuentran impregnados por la visión impuesta desde un particular sector de la sociedad, como es el caso del eje de educación

8.            Es limitada la representatividad en la firma del Pacto ya que no fue tomada en cuenta la participación de actores de la sociedad civil como sindicatos, organizaciones indígenas, campesinas o de migrantes, grupos de artistas, vinculados a la cultura o el deporte, entre otros.

9.            Algunos de los puntos del Acuerdo suscrito generan encono social y responsabilizan a ciertos sectores sociales como culpables de la crisis social y económica de nuestra entidad, cuando el objetivo del acuerdo debe ser la solución a los problemas que vive Michoacán en un marco del respeto, tolerancia y pluralidad.

Derivado de lo anterior, el IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, respalda la decisión del Comité Ejecutivo de NO haber suscrito este documento y le mandata, tanto a este órgano de dirección como a sus Representantes Populares con residencia en Michoacán; a que NO SUSCRIBAN compromiso alguno en el marco de este llamado Acuerdo por Michoacán.

En contraparte, este órgano colegiado ordena al Comité Ejecutivo Estatal a que difunda ampliamente y busque acercamientos con diversos actores de la sociedad civil organizada, sindicatos, pequeños empresarios, académicos, organizaciones de profesionistas, grupos de mujeres, agrupaciones de indígenas, colectivos y organismos de productores y campesinos, entre otros; a efecto de fortalecer una Agenda Alterna para Michoacán en 5 grandes ejes, todos ellos excluidos del llamado Acuerdo por Michoacán, los cuales son:

1.            La exigencia a la federación para que revise de manera estructural el comportamiento de las finanzas públicas en el estado. Esto tendría que verse reflejado en la canalización de fondos extraordinarios para Michoacán y en la revisión de los compromisos del estado en temas como el educativo y de salud, en los cuales solo se han transferido atribuciones pero no recursos para atenderlas, así como en la generación de un programa de rescate emergente a las finanzas publicas de los municipios del estado.

2.            Demandar a los gobiernos estatal y federal la presentación inmediata de resultados tangibles en materia de seguridad así como de una estrategia de atención integral y participativa a la conflictividad derivada de los grupos de autodefensa y las guardias comunitarias, y de igual forma el respeto a la Soberanía del Estado y a los Derechos Humanos. De manera adicional se hace urgente el pleno cumplimiento a la Ley del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

3.            Una verdadera evolución de nuestra democracia electoral a una democracia participativa que ponga en marcha la Ley de Participación Ciudadana y aplique la Ley para el Consejo Económico y Social de Michoacán. Este eje debería derivar en la creación de Presupuestos Participativos y en la transformación del IEM al Instituto de Participación Ciudadana.

4.            La construcción de una gran reforma social que busque establecer en la ley como política pública de Estado, los programas y logros en materia social exitosos y conquistado por la población y aceptados por todos. Un acuerdo de esta naturaleza se reflejaría en la institucionalización de los programas de becas y útiles escolares, en el respeto a la gratuidad de la educación  desde preescolar hasta nivel superior, en el fortalecimiento de la Universidad Intercultural Indígena, de los campus de la UMSNH, en la creación de un programa de infraestructura y fortalecimiento de la educación básica, en el robustecimiento de los hospitales regionales, y en el establecimiento jurídico de los Comités para el Desarrollo Comunitario (Codecos), así como en el cumplimiento de la Ley para el Desarrollo y Protección de las Madres Jefas de Familia, entre otros.

5.            Una reforma política de gran calado que ayude a fortalecer la gobernabilidad democrática y adecuar el marco electoral a la nueva realidad del estado en temas como los gastos de campaña y su fiscalización, la regulación de los medios de comunicación y los tiempos de campaña, la ausencia del Gobernador, el fortalecimiento de la participación de los michoacanos en el exterior y otros. Esta reforma se puede reflejar también en el consenso amplio de una Ley sobre Derechos y Cultura Indígena en la entidad, en la autonomía a la Contraloría del Estado, de la Auditoria Superior de Michoacán, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

6.            Incrementar el presupuesto para el campo año con año, y mantener programas de apoyo a cultivos básicos que garanticen la seguridad y la soberanía alimentaria, así como desarrollar la agroindustria.

Para ello, el Comité Ejecutivo Estatal deberá:

1.            Instalar una Comisión de Seguimiento de esta Agenda Alterna a través de la cual busque acercamientos, acuerdos y puntos de coincidencia con diversos actores y sectores de la sociedad michoacana a efecto de pugnar desde las diversas trincheras para que esto no se traduzca en regresiones políticas, sociales o económicas para el estado.

2.            Que en esta Comisión se incluyan legisladores locales, federales y presidentes municipales, así como liderazgos de nuestro partido, a efecto de que se constituya además como un Observatorio del actuar de la administración pública estatal y del manejo de los recursos en los programas sociales y acciones que aterricen en Michoacán.