Demanda Yarabí Ávila a ASM apegarse a la ley durante fiscalización

Es  obligación del órgano fiscalizador garantizar el derecho de audiencia a las partes y no adelantar juicios respecto a los procesos de revisión que efectúa a la administración estatal y a los organismos autónomos, aseveró la presidenta de la Comisión Inspectora en el Congreso del Estado

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Morelia, Michoacán, 24 de Noviembre de 2016.-  La Auditoría Superior de Michoacán (ASM), está obligada apegarse a la ley, con la finalidad de garantizar una efectiva fiscalización de los recursos de la administración pública estatal y de los organismos autónomos, señaló la diputada presidenta de la comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), en el Congreso del Estado, Yarabí Ávila González.

La legisladora del PRI hizo un llamado al titular del órgano fiscalizador a mantener los  principios de legalidad, celeridad, eficiencia, eficacia, calidad en el servicio, vigilancia, fiscalización técnica oportuna, imparcialidad, confiabilidad, definitividad, independencia y autonomía, durante el proceso de fiscalización que dará como resultado un trabajo responsable y eficaz, respecto a la evaluación de la cuenta pública estatal y las municipales.

Consideró que cualquier declaración que juzgue a priori a cada uno de los entes que en este momento están bajo la lupa de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), puede generar dudas sobre el trabajo que se efectúa y el profesionalismo del órgano fiscalizador, esto al recordar que en todo procedimiento se debe guardar el derecho de las partes a la presunción de inocencia, así como a respetar el marco legal para garantizar el debido proceso.

La diputada del PRI, por el distrito de Morelia Noroeste, hizo énfasis en que es fundamental  garantizar  que todo procedimiento se lleve a cabo de acuerdo a las reglas que marca la ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán, misma que en  su artículo 15, fracción tercera establece que  el auditor superior y los auditores especiales no podrán en el ejercicio de su encargo, hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la

información confidencial o reservada que tengan bajo su custodia.

Ávila González mencionó que el marco legal que rige el actuar de la Auditoría Superior respecto a la fiscalización, exige ceñirse a la revisión y evaluación, independiente y autónoma, cuya meta es verificar si los ingresos, el manejo, la custodia y aplicación de fondos y recursos públicos, se ajustaron a la normatividad que regula su operación y si se cumplieron los objetivos y metas; así como para evaluar el desempeño institucional y de los servidores públicos que administraron, ejercieron y aplicaron estos recursos.

Agregó que en caso de que durante la fiscalización a las entidades se detectaran irregularidades que presuman la existencia de conductas, actos, hechos u omisiones que produzcan daños y perjuicios a la hacienda pública, la Auditoría Superior, debe proceder a requerir a los servidores públicos fiscalizados, y darles la oportunidad para solventar las posibles irregularidades, y en caso de que las observaciones no sean solventadas, se debe proceder a turnar a la Unidad General de Asuntos Jurídicos, el pliego de presuntas responsabilidades, para el inicio del procedimiento administrativo respectivo.

Por esta razón reiteró su postura a favor de que no se adelanten juicios, ya que consideró resulta prematuro realizar declaraciones de una fiscalización que aún se encuentra en análisis, ya que en estos momentos hay trabajo de campo que  está vigilando y revisando la correcta aplicación de los recursos públicos, y que será fundamental para respaldar a la Auditoría Superior de Michoacán, en caso de encontrar anomalías.