Llama Rocío Pineda a Silvano a saldar adeudos con ex empleados estatales
Para la senadora del PRI, el gobernador de Michoacán debe observar la Ley de Disciplina Financiera y saldar Aguinaldo, Prima Vacacional y Vacaciones no disfrutadas de 2015 para más 150 ex servidores públicos
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Morelia, Michoacán, 22 de mayo de 2016.- La Senadora de la República por el PRI, Rocío Pineda Gochi, hizo un exhorto a través de un Punto de Acuerdo, al Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, para que salde adeudos con más de 150 ex trabajadores del gobierno estatal, y cumplir así con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuyo principal objetivo es que haya responsabilidad hacendaria y financiera, de parte de estos dos ámbitos de gobierno.
Recientemente un grupo de más de 150 ex trabajadores del gobierno estatal, han manifestado ante diversas instancias gubernamentales, su inconformidad por el incumplimiento de pago por los conceptos de Aguinaldo, Prima Vacacional y Vacaciones no disfrutadas de 2015, sin embargo, no han encontrado respuesta favorable a sus peticiones por parte del gobierno de Michoacán, provocándoseles ya, una difícil situación financiera y patrimonial.
Por ello, e independientemente de la situación financiera del Estado, es necesario que los derechos laborales de cualquier trabajador se salvaguarden y se garanticen de manera prioritaria, y “en mi carácter de Senadora de la República, exhorto respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, Ing. Silvano Aureoles Conejo, para que en el marco de sus atribuciones legales, realice el pago por los conceptos de Aguinaldo, Prima Vacacional y Vacaciones no disfrutadas, a los más de 150 ex trabajadores al servicio del Estado que se adeudan desde diciembre de 2015”.
Este Punto de Acuerdo, también fue suscrito por las senadoras, Iris Vianey Mendoza Mendoza, del PRD y Luisa María Calderón Hinojosa, del PAN, quienes han mostrado preocupación por la situación financiera de los ex trabajadores michoacanos, y porque se cumpla el estado de derecho de parte del gobierno estatal.
