Lucila Martínez propone 3 años de cárcel a quien oculte ingreso real de padres

Al hacer uso de la tribuna de la LXXIV Legislatura local, la diputada del PVEM refirió que, no se puede poner en riesgo la estabilidad de los menores, por ello, presentó la iniciativa para adicionar el párrafo del artículo 182 del Código Penal para el Estado de Michoacán

–

Morelia, Michoacán, 12 de abril de 2019.- Con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de los menores, y evitar que por actos de simulación de los padres o tutores incumplan con sus responsabilidades de alimentación y manutención, la diputada Lucila Martínez Manríquez propuso que se castigue hasta con tres años de cárcel, al empleador o responsable del pago del salario del imputado que de algún modo oculte el ingreso real o retrase el informe solicitado por la autoridad.

Al hacer uso de la tribuna de la LXXIV Legislatura local, la diputada refirió que, no se puede poner en riesgo la estabilidad de los menores, por ello, presentó la iniciativa para adicionar el párrafo del artículo 182 del Código Penal para el Estado de Michoacán.

Resaltó la importancia de que dicha reforma se apruebe con la que se sancionará a quien deliberadamente renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y sea éste el único medio de obtener ingresos, para colocarse en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá de uno a tres años de prisión o de cuatrocientos a setecientos días multa y pago, en calidad de reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente.

Pero con esta reforma, también se castigaría al empleador o responsable del pago del salario del imputado que de algún modo oculte el ingreso real, retrase el informe presentado ante la autoridad requirente o no entere a la autoridad el monto correspondiente, se le impondrá la misma sanción que se establece para padres o tutores.

“La simulación de los actos administrativos y jurídicos debe ser combatida y tomada en cuenta como una acción que daña principalmente a personas en situación de vulnerabilidad. Así en el caso que nos ocupa, los empleadores, sean éstos de naturaleza pública o privada”.

Lucila Martínez resaltó que esta iniciativa busca beneficiar a los menores, y proteger sus derechos, al establecer una medida más para que quienes tienen la obligación de pagar alimentos lo hagan, sin ocultar ni simular.