Política

Nuevo gobierno deberá impulsar inversión y obra en Michoacán

Diputado Fernando Orozco Miranda.
Diputado Fernando Orozco Miranda.

El diputado Fernando Orozco Miranda afirmó que ese será uno de los mayores retos que enfrentarán las autoridades entrantes

Morelia, Michoacán, 15 de junio de 2015.- Reactivar la obra e inversión pública a fin de impulsar el desarrollo de Michoacán, es uno de los mayores retos que tendrán las próximas autoridades en la entidad, esto frente al descuido y abandono que en la materia ha registrado la actual administración estatal por la que transitaron tres diferentes titulares, apuntó el diputado Fernando Orozco Miranda, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXXII Legislatura estatal.

El legislador de extracción perredista señaló la necesidad de que Michoacán esté mejor comunicado, y recordó que a lo largo de la actual administración no se realizaron obras relevantes y se descuidó la inversión en obra.

“A inicios de esta administración se habló de que tendría un acento municipalista, sin embargo con el transcurrir del tiempo no sólo no se apoyó a los municipios, sino que se recortaron los recursos para obra convenida con ellos, e incluso, se les retuvieron recursos federales etiquetados para utilizarlos en otros fines”.

Orozco Miranda recordó que los subejercicios en dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas han sido recurrentes en cada ejercicio presupuestal, mientras que los recortes presupuestales a dicha dependencia también han estado presentes.

“No hay que olvidar que la realización de obras permite apuntalar la economía y el desarrollo, pero se ha carecido en esta administración de visión y compromiso para ello, de ahí la necesidad de que las nuevas autoridades retomen el camino que se abandonó en los últimos años”.

En el caso del Congreso local señaló que se han venido generando los instrumentos legales que faciliten y transparenten la inversión y el desarrollo, sin embargo estos quedan en letra muerta en la medida en que la autoridad ejecutora renunció a su responsabilidad en la materia.

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