Piden políticos y ciudadanos restar poder político a Alfredo Castillo
Encabezado por Cristóbal Arias, Carlos Torres Piña, Antonio Soto Sánchez, Uriel López Paredes y Alfredo Ramírez, un grupo de líderes partidistas, legisladores y ex legisladores plantea al presidente Peña Nieto reformar el decreto de creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán
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Morelia, Michoacán, 13 de agosto de 2014.- Un grupo de políticos y ciudadanos michoacanos presentaron públicamente un documento en el cual se pide al presidente de México, Enrique Peña Nieto, reformar el decreto para la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral y restarle poder político a su titular, Alfredo Castillo Cervantes.
Tras realizar una serie de críticas a los resultados obtenidos en materia de seguridad y desarrollo económico a siete meses de implementada la estrategia federal en la entidad, los firmantes propusieron que se reforme el mencionado decreto para hacer respetar la soberanía, independencia y autonomía de Michoacán.
De la misma forma, plantearon separar las funciones de seguridad y del desarrollo integral, dejando éstas últimas en manos de expertos en la materia, para limitar el desbordado poder político del comisionado nacional, Alfredo Castillo, a quien se habrían de dejar sólo las funciones de coordinación y no las ejecutivas, como prevé el mencionado decreto.
Además, a la luz de los modestos e insuficientes resultados presentados en las estadísticas y en la realidad estatal, se llamó al presidente Peña Nieto a replantear la estrategia de seguridad en Michoacán y se sugirió considerar la creación de cuatro comisiones anticrimen que tomen control y acciones sobre las regiones oriente, occidente, Tierra Caliente y centro de Michoacán y generen una estrategia de comunicación social basada en la transparencia y en el logro de resultados para recuperar la confianza social.
Los firmantes urgieron a una nueva estrategia que con mejores acciones, incida prioritariamente en el fortalecimiento de las instituciones estatales y municipales para que sean estas las garantes en el corto plazo de la recuperación de la normalidad legal y la gobernabilidad democrática de Michoacán.
Así mismo, llamaron a concluir con la exclusión de los michoacanos en las tareas ejecutivas y operativas del Plan Michoacán, empleando preferentemente a los ciudadanos del estado que cumplan los perfiles profesionales y éticos que se requieren para cada área.
Este grupo de políticos y ciudadanos fue encabezado por el ex candidato a gobernador Cristóbal Arias Solís; el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña; el ex senador de la República, Antonio Soto Sánchez; el diputado local independiente, Uriel López Paredes; y, el miembro de la dirigencia nacional de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla.
Sin embargo, en el documento aparecen también las firmas de la ex diputada federal y local, Ana Lilia Guillén Quiroz; los diputados federales, Ángel Cedillo Hernández, Armando Contreras Ceballos, Verónica García Reyes y Víctor Manuel Manríquez González, así como del ex dirigente estatal del PAN, Benigno Quezada Naranjo; el coordinador estatal del PT, Reginaldo Sandoval Flores; el académico, Julio Santoyo Guerrero; y, la ex diputada local, Miriam Tinoco Soto, entre otros.
