Reforma energética atenta contra derechos humanos: José Luis Montañez

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“Díganme si esto no es actuar contra los intereses del país, los derechos humanos de los mexicanos y nuestra salud pública”, aseveró Montañez Espinosa

“Díganme si esto no es actuar contra los intereses del país, los derechos humanos de los mexicanos y nuestra salud pública”, aseveró Montañez Espinosa

El presidente de la AUAM y catedrático de la UMSNH señala que se afecta el derecho al desarrollo social y humano digno, al trabajo, a la propiedad individual y social, así como a un medio ambiente sano, ya que contempla diversos mecanismos jurídicos que ponen en riesgo los derechos de los mexicanos

Morelia, Michoacán, 25 de julio de 2014.- La Ley de Hidrocarburos y otras legislaciones aprobadas recientemente por la Cámara de Senadores y actualmente en revisión por la Cámara de Diputados, sobre el tema de la reforma energética, establece entre otras cosas diversos mecanismos jurídicos, que ponen en riesgo el ejercicio y conservación de los derechos humanos.

Así lo expuso el presidente de la Asociación de Usuarios del Agua de Morelia (AUAM), José Luis Montañez Espinosa, quien aseguró que se afecta el derecho al desarrollo social y humano digno, al trabajo, a la propiedad individual y social, así como a un medio ambiente sano, ya que contempla diversos mecanismos jurídicos que ponen en riesgo los derechos de los mexicanos.

El también catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) consideró que la reforma energética atenta en principio con el derecho a la explotación exclusiva de los mexicanos sobre hidrocarburos, bajo el pretexto de la modernización energética, que si bien no propone la privatización inmediata de Pemex y CFE, si abre la participación del sector de la industria de hidrocarburos (petróleo y gas) y de la industria eléctrica, a la iniciativa privada.

“Bajo los esquemas de Licencias y Contratos por Utilidad Compartida y Producción Compartida, las empresas extranjeras podrían llevarse hasta el 85 por ciento de los ingresos derivados de la extracción, en dinero o en especie, los que podrían además ser deducibles de impuestos. Este nuevo modelo energético afecta por supuesto el derecho a un desarrollo social y humano digno, por la disminución de ingresos públicos que se traducirán tarde o temprano en menos programas sociales y asistenciales en favor de la gente”, señaló.

José Luis Espinosa dijo que otro de los derechos humanos afectados será el derecho al trabajo de los empleados activos y jubilados de las ahora empresas productivas del Estado “Pemex y CFE”, pues bajo el término de la “separación legal” de sus principales funciones, condenan a las citadas empresas a fraccionarse y constituirse en pequeñas empresas filiales, dedicadas ahora exclusivamente a la exploración o la extracción o la refinación o la transportación o la comercialización, en el caso del petróleo y gas, y a la generación o la distribución o la transmisión o la comercialización o la transportación en el caso de la electricidad.

“Así, en cada caso y por separado tendrán que competir con grandes consorcios transnacionales que terminarán por obligar a su extinción o liquidación por falta de condiciones competitivas, con el consecuente despido masivo de los trabajadores o en el peor de los casos, la recontratación por empresas privadas con prestaciones laborales precarias, inseguras e inestables”, manifestó.

Sin duda que otro de los grandes riesgos existentes es la afectación del derecho a conservar la propiedad individual o social de los campesinos, ejidatarios y comuneros, es decir el despojo o expropiación de sus predios, afirmó Montañez Espinosa, “pues la citada Ley de Hidrocarburos, aprobada por los Senadores del PRI, PAN y Partido Verde, han establecido expresamente que procederá la afectación de servidumbres legales o la ocupación o afectación superficial necesarias para la realización de las actividades de la industria de los hidrocarburos”.

Finalmente, el presidente de la AUAM consideró que son más que evidentes las afectaciones ocasionadas al derecho humano a un ambiente sano, pues tanto en la Ley de Hidrocarburos, como en la Ley de Energía Geotérmica, Ley de Aguas Nacionales, Ley de Órganos Reguladores y Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, se autorizan actividades de generación de energía que dañarán seriamente los recursos naturales, mediante la fractura del subsuelo, la contaminación del aire y de múltiples cuerpos de agua.

“Ejemplo de ello, es la autorización del famoso “Fracking”, que no es otra cosa, sino la autorización para fracturar la tierra con explosivos a fin de extraer gas natural o gas shale, y más aún, existe un grave riesgo de contaminación de acuíferos y cuerpos de agua, cuando se considera que las empresas geotérmicas podrán reinyectar las aguas de uso geotérmico al subsuelo; díganme si esto no es actuar contra los intereses del país, los derechos humanos de los mexicanos y nuestra salud pública”, concluyó José Luis Montañez.