Política

Reprueba Salvador Vega actos de violencia en Topo Chico

Vega Casillas sentenció que no debe sorprender que el estado mantenga cifras alarmantes sobre la trata de personas, pues a diario son violentados los derechos humanos y no existe autoridad que ponga un alto
Vega Casillas exigió al Gobierno Federal una investigación a fondo, tanto del motín como de las omisiones que permitieron que la situación llegara a tan lamentables términos

El senador michoacano se sumó al pronunciamiento del PAN en contra de los actos de violencia que se suscitaron en el penal de Topo Chico y que dejaron 52 muertos y varios heridos

Morelia, Michoacán, 11 de febrero de 2016.- El senador de Michoacán, Salvador Vega Casillas, se sumó al pronunciamiento del Partido Acción Nacional en contra de los actos de violencia que se suscitaron en el penal de Topo Chico y que dejaron 52 muertos y varios heridos.

Vega Casillas exigió al Gobierno Federal una investigación a fondo, tanto del motín como de las omisiones que permitieron que la situación llegara a tan lamentables términos; e indicó que se está frente a la peor masacre que ha existido en la historia de los penales en México, pues el último grave incidente fue en Apodaca y llegó a 44 muertos.

“Nuevamente estamos ante los claros vicios de corrupción que existen en el país, el sistema penitenciario está en una profunda crisis de impunidad y omisiones de la autoridad”.

Recalcó que de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la sobrepoblación en las cárceles, es del 25 por ciento a nivel nacional, lo que genera que los presos vivan en condiciones infrahumanas y de hacinamiento.

El panista resaltó la necesidad de analizar la situación del sistema penitenciario y urgió a que se cumpla con las normativas estipuladas para estos centros, pues en Topo Chico, por ejemplo, hace dos años había cinco mil 185 internos pero la capacidad instalada sólo permitía dos mil 600.

Salvador Vega dijo que casos como este, el de Apodaca y la fuga de “El Chapo” Guzmán, también suceden ante la necesidad de una política pública de recuperación de la rectoría del Estado mexicano en la administración y gestión de los penales, pues la mayoría de ellos son autogobernados por el crimen organizado.

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