Urge ajustar mecanismos sobre menores infractores en Michoacán

El diputado del PAN, Sebastián Naranjo, se pronuncia a favor de reformas legales para salvaguardar derechos de menores y facilitar trabajos de readaptación social

Morelia, Mich., 30 de junio de 2013.- “Actualmente en nuestro país, los adolescentes representan un sector vulnerado ante la exclusión social, siendo aprovechado por terceras personas para hacerlos incurrir en conductas tipificadas como delitos; ante ello, es necesario impulsar en el Estado una reforma de Ley dirigida a salvaguardar los derechos de los menores infractores, actualizando el marco jurídico, homogeneizando disposiciones y facilitando el trabajo de las instituciones de readaptación social, para que éstos cumplan sus objetivos”, así lo anunció el diputado José Sebastián Naranjo Blanco.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, señaló que la delincuencia juvenil es un fenómeno que representa un problema criminológico alarmante, el cual crece cada día más dentro de nuestra sociedad, no sólo en nuestro país, sino a nivel internacional, por ello; es urgente tomar medidas que limiten su incorporación a sectores que los pervierten e inducen al daño en contra de otras personas.

Naranjo Blanco, subrayó que actualmente el mejor tratamiento para quien comete delitos en la minoría de edad, representa un reto constante para las instituciones encargadas de velar por los menores infractores, “es inminente la urgencia de poner un freno a las conductas que se apartan de la ley, pero también existe un deber del Estado para proteger y preservar a estos menores y sólo con una atención adecuada se les pueden ofrecer condiciones para readaptar su capacidad física y psicológica a una pronta reinserción social”.

En México, el menor de dieciocho años cuenta con un trato preferencial o más bien, un trato apropiado a sus necesidades de protección y reconocimiento para desarrollarse como adulto. Y es que las normas para menores, siempre deben constituir un instrumento para su sano desarrollo y no un freno de sus capacidades.

De acuerdo a la reciente reforma del artículo 18 Constitucional, se especifica que los adolescentes comprendidos en el rango de 12 cumplidos a 18 años incumplidos, serán tratados de manera diferente, a los que son menores de 12 años de edad, por lo que ahora la cuestión radica en determinar qué sistema o modelo de justicia del infante es el más adecuado para ello.

Un menor de edad al cometer un delito debe recibir tratamiento, más por la vía pedagógica y psicológica que por la represiva. “Sancionar a los menores infractores, sólo desde la perspectiva y bajo el juicio de los adultos, ha sido insuficiente para crear un buen sistema para su readaptación social. Hoy la cultura de la información ofrece a los menores más oportunidades de asumir, a edad temprana, plena conciencia sobre sus actos para que puedan incorporarse a una sociedad de valores y buenas costumbres”, arguyó el legislador panista.

Naranjo Blanco reiteró que es indispensable la coordinación entre los tres niveles de gobierno, ya que de ello depende en gran medida, que los casos en que así se requiera, se resuelvan pronta y expeditamente tal como lo señala la propia Constitución, más aun tratándose de menores, que requieren de varios tipos de protecciones extraordinarias por su situación en particular.

Cabe destacar que actualmente en Michoacán se cuenta con la Ley de Justicia Integral para Adolescentes, sin embargo requiere ser congruente y acorde al resto de la normatividad estatal, nacional e inclusive internacional en beneficio de los propios infantes, especialmente con el Nuevo Sistema de Justicia Penal que ha de implementarse en todo el territorio nacional.

Finalmente el legislador albiazul insistió en que se debe establecer la prevención así como la procuración para menores, tanto víctimas como infractores, tomando en cuenta factores como el desarrollo familiar, la educación permanente, el tratamiento psicológico y básicamente, un sistema de justicia que los libere de procedimientos tortuosos y que, tanto la víctima u ofendido como el probable responsable, tengan la misma posibilidad de recibir justicia mediante juicios breves, compactos y eficientes.