Urge renovar regulación sobre percepciones de los servidores públicos

Los ciudadanos demandan congruencia y equidad de sus autoridades, aseguró el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso del Estado, Manuel López Meléndez

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Morelia, Michoacán, 02 de febrero de 2016.- Congruencia y equidad es la demanda la ciudadana a quienes trabajan en la administración o bien ocupan algún cargo de representación popular, de ahí la urgencia de renovar el marco normativo en torno a las percepciones económicas de los servidores públicos, subrayó Manuel López Meléndez, integrante de Puntos Constitucionales en la LXXIII Legislatura local.

No sólo es necesario revisar el marco legal en la materia sino renovarlo, apuntó el también presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, quien refirió que a la brevedad se estará presentando una iniciativa para una nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado.

López Meléndez señaló que por años en Michoacán se ha incumplido con local vigente, que impide que funcionarios o representantes populares ganen más que el titular del Ejecutivo del Estado, “hemos visto casos alarmantes de municipios en crisis en los que los alcaldes tienen percepciones muy superiores a las del gobernador en turno”.

Como una práctica frecuente subrayó que se ha dado tanto en lo estatal como en lo municipal, discrecionalidad en la determinación del monto económico que reciben los funcionarios de primer nivel, lo que representa un modo de proceder injusto e inequitativo frente a la población.

Existe la necesidad de establecer mecanismos más severos para evitar los excesos en las percepciones de los servidores públicos, refirió el legislador, “en un estado que busca salir de la crisis financiera en la que ha estado sumido los últimos tiempos, no basta la voluntad verbal sobre austeridad, es necesario adecuar el marco normativo para garantizar que los buenos propósitos se cristalicen como una regla general”.

Dijo que se debe crear un ordenamiento jurídico que asegure un eficiente manejo y control de los recursos públicos en relación a la remuneración de los servidores públicos, estableciendo reglas y principios claros que den por resultado una nueva forma, más justa y más transparente de ministrar las retribuciones económicas y materiales a quienes trabajan en la administración pública.