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En Michoacán, “CERO” mujeres presas por aborto

Abortistas engañan con el argumento de que “miles de mujeres” se encuentran en prisión por practicarse un aborto; en Michoacán no existe la pena de cárcel contra dicha conducta

Morelia, Michoacán, 18 de mayo de 2020.- Mienten las abortistas cuando argumentan que hay miles de mujeres en la cárcel por practicarse un aborto.

De hecho, en todo el estado de Michoacán no hay una sola mujer presa por haber incurrido en tal práctica.

No existe en la entidad la pena de cárcel contra quienes se practiquen un «aborto voluntario».

Sin embargo, los grupos abortistas financiados por organismos y empresas transnacionales engañan a grupos de personas ingenuas e ignorantes argumentando que “miles de mujeres” se encuentran en prisión por practicarse un aborto.

¿Qué dice la ley?

El artículo 145 del Código Penal del Estado de Michoacán habla del “aborto voluntario” y establece textualmente que:

“A la mujer que voluntariamente provoque su aborto se le impondrá de seis meses a un año de trabajo a favor de la comunidad. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado”.

Las demandas de las abortistas ya están en la ley

Cabe hacer mención que las principales demandas que argumentan los grupos abortistas en el mundo, en México y en Michoacán, ya están previstas en la legislación michoacana.

Es decir, en el artículo 146 del Código Penal del Estado ya se prevé textualmente lo siguiente:

Artículo 146. Excluyentes de responsabilidad del aborto 

La responsabilidad penal por el delito de aborto se excluye cuando:

  1. Dentro de las primeras doce semanas cuando el embarazo sea resultado de una violación, de una inseminación artificial no consentida, de una procreación asistida no consentida o precaria situación económica. Estas causas deberán de encontrarse debidamente justificadas;
  2. De no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud; 

III. Cuando el producto presente una malformación grave en su desarrollo, según dictamen médico; y,

  1. Sea resultado de una conducta imprudente de la mujer embarazada. 

En el caso de la fracción I, los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas existentes, con la finalidad de que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.

¿Entonces qué buscan?

Lo que las organizaciones abortistas financiadas por organismos y empresas transnacionales buscan realmente es que los abortos que actualmente se practican en clínicas particulares y el sector salud recaigan en filiales de la International Planned Parenthood, el gran consorcio del aborto a nivel mundial.

La intención detrás de toda la agenda abortista es que sean los gobiernos los que con recursos públicos paguen todos lo abortos y además promoverlos como métodos “de planificación familiar” o “anticonceptivos” con cargo al erario público.

En la Ciudad de México, donde la “legalización del aborto” se aprobó desde 2007, se habían practicado hasta abril de 2019 más de 209 mil abortos “legales”, y aunque algunas clínicas ofrecen precios más bajos, el gobierno capitalino paga con el dinero de los contribuyentes a las clínicas filiales de Planned Parenthood cifras que van desde los 8,000 hasta los 18,000 pesos por cada uno, sin contar otros “servicios adicionales».

Se trata de un negocio multimillonario, tan sólo en la capital del país.

Además, el citado consorcio ha estado involucrado en diversos escándalos, sobre todo en Estados Unidos, donde las diferentes partes de los bebés y sus órganos internos han sido objeto de comercio con particulares, universidades, laboratorios científicos, fabricantes de cosméticos y hasta con la industria alimenticia.

Y todo esto, aún sin entrar al tema del clientelismo político, en el cual algunos partidos políticos que se dicen de izquierda utilizan como carne de cañón a esos grupos abortistas, con el argumento de que velan por sus «libertades», cuando en realidad lo que buscan es usarlos como clientela electoral.

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